Los beneficios socioeconómicos están subsumidos en el salario que perciben
*** Los recursos recibidos recientemente se derivan de siete decretos, de los cuales cuatro corresponden al Instituto Autónomo de Policía del Estado Mérida
El Ejecutivo regional del estado Mérida ha cumplido con sus trabajadores, activos y jubilados, y la cancelación de sus sueldos y salarios están debidamente fundamentados en los lineamientos que emana el Gobierno nacional.
“Los pagos se hacen de acuerdo con la escala salarial establecida por el Ejecutivo nacional, y así lo hemos cumplido”, así lo expresó el director de Recursos Humanos de la Gobernación de Mérida, Antonio Díaz, para aclarar una información que ha venido circulando de manera errada entre algunos gremios.
Los recursos que recientemente aprobara el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida (Clebm), por el orden de los mil 200 millones de bolívares soberanos, no son en su totalidad para la gobernación. Dicho monto corresponde a la sumatoria de siete decretos, cuatro de los cuales van dirigidos al Instituto Autónomo de Policía del Estado Mérida (Iapem).
Como se sabe, la Policía del estado permanece aún intervenida, y ante la inexistencia de la Unidad de Tesorería en esa institución, el Ministerio de Interior y Justicia remite los recursos a través de la gobernación.
“Una vez recibidos, nosotros lo incorporamos a un decreto, emitimos un cheque y lo entregamos a la Policía, por lo tanto, no son mil 200 millones que se han aprobado para el Ejecutivo regional”, aclaró Díaz.
Detalló el director de Recursos Humanos que realmente a la Gobernación del estado Mérida le fueron enviados, en un lapso de dos semanas aproximadamente, 695 millones de bolívares –a finales del mes de enero– de los 976 millones de bolívares que se habían solicitado; y luego fueron solicitados un mil 97 millones de bolívares para la primera quincena de febrero, de los cuales solo depositaron 367 millones.
“En enero nos dejaron de aprobar casi 300 millones, y para la primera quincena de febrero se evidencia que no es la mitad de lo que pedimos, fue mucho menos, y nos adeudan en este momento más de 700 millones de bolívares, que esperamos recibir antes de que concluya el mes, a los fines de tener la oportunidad de pagar sueldos y salarios”, precisó.
Para los montos recibidos, excluyendo de la masa de trabajadores a los funcionarios de los organismos de seguridad, vale decir, policía, bomberos y Protección Civil, están contenidas las remuneraciones de los 26 mil trabajadores restantes, que lo conforman empleados, obreros pensionados y jubilados del órgano central y sus instituciones autónomas.
Recordó Díaz que el pago de los jubilados y pensionados del sector Educación está establecido por el Gobierno nacional, y que los montos que se pagan por concepto de sueldos y salarios no pueden ser modificados por el Ejecutivo regional.
Con la reconversión monetaria y la implementación de tabuladores que elevaron la remuneración del salario mínimo de tres millones a 180 millones de bolívares fuertes, que luego se convirtieron en un mil 800 bolívares soberanos, el Gobierno nacional indicó que ahí estaban subsumidos todos los beneficios socioeconómicos de los contratos colectivos.
Estos cambios trajeron como consecuencia que algunos gremios, particularmente el de Educación, a través de sus sindicatos, “se pusieran en pie de lucha” —precisó Díaz—, y sus federaciones están en este momento en reuniones con el Ministerio de Educación tratando de buscar mejoras en sus condiciones económicas.
“Los tabuladores que envía la Onapre son los que estamos aplicando; nosotros enviamos una maqueta individualizada con los datos de cada funcionario activo o jubilado, y no podemos desviar, cambiar ni modificar ninguno de los elementos que están en la maqueta, porque es una hoja de cálculo que ya viene con fórmulas predeterminadas”, reiteró el director de Recursos Humanos. Prensa OCI /Gráfica: Euro Lobo
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